Junto con explicar las concepciones de los derechos sociales y el derecho a la salud establecidas en la Constitución de Brasil, la docente abordó temáticas como la relación entre el sistema público y privado de salud, las complejidades del financiamiento entre los diversos niveles administrativos de ese país federal y los “problemas de interpretación” que han permitido el desarrollo de un activismo judicial en materia de salud, así como su impacto en las políticas públicas de Brasil.
Sobre este último punto, la académica destacó que el gran problema del activismo judicial es que genera una “desigualdad ante la ley”, explicando que en un 95% de las demandas presentadas, los tribunales brasileños han exigido al Estado que financie medicamentos y tratamientos no incluidos en las políticas públicas de ese país. Ello, señaló la docente, no sólo ha generado que las clases más acomodadas –que son las que mayoritariamente pueden asumir un litigio– sean las principales beneficiadas, accediendo a tratamientos en el extranjero que ni los propios ciudadanos europeos o estadounidenses pueden exigir, sino que también ha producido un incentivo perverso, donde las farmacéuticas financian abogados que representan gratuitamente a quienes exijan ante tribunales el acceso a sus fármacos.
La ponencia formó parte de las actividades en torno al proyecto de investigación ANID del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Rodrigo Poyanco, denominado “Estudio de la nueva jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la salud en Chile” (código PAI77190095).