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Académica Macarena Diez expuso en conversatorio “¿Qué hacer con el Tribunal Constitucional?” organizado por el CED de la U. de Chile

La profesora de la Facultad de Derecho U. Finis Terrae participó junto a Jaime Bassa, profesor de la U. de Valparaíso, y a Luis Cordero, profesor de la U. de Chile, en encuentro organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho de esa casa de estudios. 

Académica Macarena Diez expuso en conversatorio “¿Qué hacer con el Tribunal Constitucional?” organizado por el CED de la U. de Chile

“Antes de que yo llegara había causas detenidas en el Tribunal Constitucional (TC) por mucho tiempo, al límite de la corrupción”. Esa fue una de las declaraciones que la Presidenta del TC, María Luisa Brahm realizó en entrevista con La Tercera, desatando un nuevo vendaval de críticas sobre la legitimidad y el rol que cumple dicho tribunal, tanto en el mundo académico como político. Declaraciones que provocaron que la Fiscalía Nacional iniciara una investigación por eventuales delitos de corrupción y se hiciera pública una pugna al interior del TC a través de la filtración de una intervención del ministro José Ignacio Vásquez en el pleno del tribunal, donde calificó la entrevista como una “felonía”, señalando que en ella la presidenta del TC “enloda el ya alicaído prestigio del tribunal” y lo “arrastra a su absoluta deslegitimación”.    

Fue esa contingencia, sumada al contexto de un proceso constituyente aplazado para octubre debido a la pandemia, lo que abordó la profesora de Litigación Constitucional y de Derecho Político de la Facultad de Derecho U. Finis Terrae, Macarena Diez, al inicio de su exposición en el conversatorio “¿Qué hacer con el Tribunal Constitucional?”, organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho de la U. de Chile. 

“Las declaraciones de la presidenta, respecto a la dilación de los procedimientos en la Magistratura Constitucional, no son una crítica nueva, sino que vienen a reafirmar los constantes reproches y debates en torno a la gestión del tribunal, a su legitimidad y también a sus atribuciones, entre otras cosas. Estas declaraciones no se deben considerar solamente como un conflicto interno del TC –que por lo demás se debe solucionar– sino que también como una oportunidad para visualizar realmente el debate a las reformas que el TC requiere”, señaló la académica. “No podemos dejar de soslayar que nos encontramos ad portas de un proceso constituyente, que en caso de que prospere favorablemente, se podría hacer cargo de estas reformas”, agregó.

En el conversatorio, los académicos abordaron una serie de temas relacionados con las críticas y reparos realizados hacia dicho organismo, tales como el proceso de designación de los integrantes del TC, la falta de control y de mecanismos de remoción de sus integrantes, la manera en que está funcionando el control preventivo de constitucionalidad y el cómo se estaría utilizando el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad como un recurso de litigación estratégico o directamente dilatorio.

A través de un análisis de Derecho comparado, la académica de la U. Finis Terrae planteó que en el proceso de designación “se requiere mayor transparencia, participación ciudadana y que exista paridad de género”, junto a que sus miembros “no tengan una filiación política”, explicando el proceso por el cual se designa a los miembros del tribunal, haciendo hincapié en la “forma completamente discrecional” con que el Presidente de la República designa a tres de sus ministros. “O sea, la ciudadanía en general no tiene conocimiento de quienes son los candidatos, cuáles son los antecedentes y requisitos que va a tener presente el Presidente o la Presidenta al momento de designarlos, sin embargo, debe tener presente los requisitos mínimos que indica la Constitución”, explicó.

Sobre esta materia, la profesora Diez analizó el mecanismo de designación de jueces de la Corte Suprema de los EE.UU., en el cual el Colegio de Abogados emite un informe público de cada candidato, evaluando “estándares de integridad, idoneidad profesional e incluso su temperamento judicial”, todo con “gran cobertura mediática”. Así mismo expuso el mecanismo de designación del TC alemán, señalando que “a diferencia de lo que ocurre en Chile –donde en la designación participan los tres poderes del Estado– en Alemania solamente los nombra el poder legislativo, previa lista elaborada por el Colegio de Abogados y Universidades”. 

Siguiendo su línea de análisis, con respecto a la responsabilidad de los ministros del TC y los mecanismos de remoción, la académica señaló que “por regla general y por la experiencia comparada, por ejemplo, por una parte en Europa queda en manos del pleno del propio tribunal remover a sus ministros, y por otra, en Colombia y Perú opera la acusación constitucional. Pero opera, hay algo, hay algún mecanismo de responsabilidad. En Chile, en cambio, no encontramos ese mecanismo”.

Finalmente la profesora Diez analizó en detalle uno de los puntos principales que tocó la Presidenta del TC en su polémica entrevista. Aquel que dice relación con la lentitud de la tramitación de causas en dicho órgano, previo a su presidencia.

Basada en las estadísticas del propio tribunal, la académica llamó a considerar que si en sus inicios al TC ingresaban entre 10 y 31 causas cada año, en 2019 este número llegó a las 2.210. Un considerable y sostenido aumento que se aceleró luego de que la reforma constitucional de 2005 “traspasó competencias de la Corte Suprema al TC, y se le dio la atribución de conocer, entre otras, la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”, señalando además que dicha acción "hoy representa el 97% de sus causas totales, apróximadamente". Entre otras causas de este aumento, la académica destacó la promulgación de la ley de tramitación electrónica en 2015, “que permitió que desde las regiones presentaran vía remota causar” y el ingreso de causas masivas por otras leyes promulgadas como la Ley Emilia o Control de Armas.

“Hay un aumento en la presentación de causas en el TC como consecuencia de un contexto jurídico, político, de reformas constitucionales, de nuevas leyes, y porque también se han utilizado estas herramientas como forma de dilación de tramitación de causas en la gestión de fondo…  Es decir, vemos que el TC ha experimentado una sobredemanda de sus capacidades para resolver conflictos de relevancia constitucional”, resumió, antes de explicar que efectivamente la gestión de la actual Presidenta del TC logró disminuir la demora en tramitar las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (pasando de entre 357 a 454 días a un promedio de 301 días) “pero que cuando se entrega la redacción (de la sentencia) a un ministro, la demora sigue siendo la misma (que antes). Es decir, quizás habría que pedirles mayor agilidad al momento de redactar la sentencia, o quizás, ser más estrictos en la etapa de admisibilidad, como ocurre por ejemplo en el Tribunal Constitucional de España”.

Por último, la profesora Diez señaló que si bien “es posible avanzar aún más en la agilización de la tramitación de las causas, por otro lado se requiere un rediseño de la estructura y las atribuciones del TC, y que los ministros y las ministras resuelvan sus conflictos internos dentro del tribunal, con el objeto de reestablecer la confianza de los ciudadanos frente a esta institución”.

Pueden ver el conversatorio completo en este enlace de Facebook


Publicado el:

Sábado, 09 Mayo 2020