A través de una columna en Ciper Chile, el académico se refiere a la responsabilidad de las autoridades, politicos y empresarios por incitación a contravenir el orden público indicando además, que aquel delito no requiere que la destrucción, inutilización, daño o paralización se hayan efectivamente producido y, asimismo, resulta irrelevante que la incitación, promoción o fomento.
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