En columna publicada por el sitio de actualidad judicial En Estrado, el Director del Programa de Magíster en Derecho y Litigación Penal de la Universidad Finis Terrae y miembro del Comité del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, Rodrigo Díaz Álvarez, abordó el bajo número de indemnizados por el Estado chileno entre quienes han sido privados de libertad por la comisión de un delito y que luego se ha comprobado judicialmente su inocencia.
“Se requiere asumir que estamos ante un problema que en cuanto a sus efectos trasciende lo meramente jurídico (por ejemplo, impacto familiar, social, laboral) y que necesita de manera urgente una reforma legislativa que establezca procedimientos efectivos y eficaces de reparación para aquellas personas que han estado privadas de libertad de manera injusta a causa de actuaciones estatales”, abogó en su columna que pueden leer completa en este enlace.