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Facultad de Derecho de U. Finis Terrae es la única del país en adjudicarse fondo Conicyt para investigación 2020

El proyecto de investigación del profesor Rodrigo Poyanco se adjudicó fondo del programa de Capital Humano Avanzado de Conicyt. Es la primera vez que un académico de la Universidad Finis Terrae gana este concurso.

Facultad de Derecho de U. Finis Terrae es la única del país en adjudicarse fondo Conicyt para investigación 2020

Con un proyecto de investigación que abordará la jurisprudencia sobre el derecho a la salud en Chile y los cambios que ésta ha sufrido en lo últimos años tanto en la Corte Suprema como en el Tribunal Constitucional, el profesor de Derecho Constitucional y Derecho Político de la Universidad Finis Terrae y Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Rodrigo Poyanco, se convirtió en el único académico de una Facultad de Derecho del país en obtener la Subvención a la Instalación en la Academia para 2020. Este es un fondo que la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) entrega anualmente como parte de su Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado.

“Este fondo es un reconocimiento tanto para el trabajo del profesor Poyanco como para nuestra facultad, ya que no sólo es un hecho inédito en la Universidad Finis Terrae sino que fuimos la única Facultad de Derecho del país que se lo adjudicó para este año, en circunstancias de que concursaron facultades de universidades como la PUC, la U. de Chile y otras de similar prestigio. Además, destacaría la calidad del tema, el cual posee un gran impacto social ya que tiene que ver con cómo se conciben los derechos sociales. Es un tema con una proyección pública muy evidente”, señaló el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Ignacio Covarrubias.

En la investigación que se extenderá por 36 meses, el profesor Poyanco estudiará cómo ha cambiado en los últimos años la manera de entender el derecho a la salud en Chile, a través del análisis de fallos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.

“Hay técnicas de interpretación judicial que se están repitiendo en ambos tribunales. Una de las que más se repite es asimilar el derecho a la salud a derechos como el derecho a la vida o el derecho a la integridad física y síquica, que conceptualmente son distintos. Es decir, plantear que si el Estado o la Isapre no me atienden, o no me pagan un medicamento, o tratamiento médico, aunque esté fuera de los beneficios establecidos por ley o reglamento, está en peligro mi vida, o mi integridad física, en lugar de mi salud”, señala el profesor Poyanco antes de ahondar en su explicación jurídica: “Los derechos sociales, como el derecho a la salud, no son de ejecutabilidad inmediata, directamente justiciables o exigibles –como sí lo es el derecho a la vida, entre otros–, porque entre la norma constitucional que establece el derecho a la salud, y la ley o reglamento que otorgan derecho a un medicamento o un tratamiento concreto, tiene que haber todo un proceso que es el de la elaboración de las políticas públicas respectivas, que son las que se reflejan en esas leyes y reglamentos. Muchos jueces hacen esta mezcla entre el derecho a la salud y el derecho a la vida, o el derecho a la integridad física y síquica, para cuestionar esas políticas públicas y la normativa que las refleja. Son fallos que terminan interviniendo en esas políticas y creando derechos donde no existían”, señala. Una situación que, advierte, “nos lleva al activismo judicial”.

Esta tendencia se manifestó con fuerza en la década de los ’90 del siglo XX en países como Brasil y Colombia, señala el académico, quien realizó su investigación doctoral comparando derechos sociales entre países europeos y latinoamericanos. Una “línea de interpretación” que llegó a los tribunales superiores chilenos en los últimos años, abandonando así la tecnicidad que había caracterizado al derecho constitucional chileno hasta ese momento, a juicio del académico.

Además de los riesgos propios del “activismo judicial”, el profesor Poyanco destaca como consecuencias de este cambio de tendencia, entre otras, la alteración de algunas políticas públicas por los tribunales en base a su resultado más que a su ajuste a derecho; el favorecimiento de aquellos que tienen más acceso a la posibilidad de litigar (usualmente, los económicamente más favorecidos, como ocurrió en Chile con la jurisprudencia en materia de ISAPRE); o la apertura de un forado presupuestario cuando se obliga al Estado a otorgar un determinado tratamiento o medicamento, que termina sustrayendo recursos de los planes de salud destinados a la población en general y transfiriéndolos en beneficio de las personas favorecidas por las sentencias judiciales. “La verdad es que esto puede descalabrar cualquier política de salud”, señala, antes de poner el ejemplo de estados brasileños donde el presupuesto anual para salud se agota en el primer trimestre, producto de sentencias que obligan al Estado a costear tratamientos médicos que pueden superar el millón de dólares.

“¿A cuánta gente se deja de atender producto de esta clase de sentencias?” se pregunta el profesor Poyanco. “Esto es complicado de plantear porque intervienen fuertemente factores extrajurídicos, pero es eso mismo lo que indica la necesidad de ahondar en los aspectos jurídicos de este fenómeno y sus consecuencias. En mi opinión, es en los casos difíciles cuando más necesario resulta que el Derecho se aplique con racionalidad y sentido de los límites de su actuación. Muchas veces la solución de estos casos por los jueces acarrea otros problemas. Así, por ejemplo, a propósito del desvío de recursos destinados a otras necesidades de salud de la población ¿qué pasa con el resto de la gente que no está demandando?”.


Publicado el:

Lunes, 16 Marzo 2020