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La Tercera | Académico Rodrigo Poyanco analiza garantía constitucional de inviolabilidad del hogar y problemas de aplicación de fiscalizaciones por Fiestas Patrias

“En un estado constitucional como el nuestro, la necesidad o bondad de cualquier determinación de la autoridad, por urgente que sea, no puede servir de excusa para sacrificar los derechos básicos de las personas”, advirtió en su columna.

La Tercera | Académico Rodrigo Poyanco analiza garantía constitucional de inviolabilidad del hogar y problemas de aplicación de fiscalizaciones por Fiestas Patrias

Debido al anuncio de la Seremi de Salud de la RM, Paula Labra, quien aseguró que los fiscalizadores de la autoridad sanitaria podrían ingresar a las viviendas “porque el Código Sanitario, que es la norma que los rige, les da las facultades para hacer esto, en conjunto con Carabineros o la PDI”, el profesor de Derecho Constitucional y Derecho Político de la Universidad Finis Terrae y Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Rodrigo Poyanco, analizó los alcances de la “garantía de inviolabilidad del hogar” consagrada en nuestra Constitución, así como el desarrollo histórico de lo que describió como “uno de los derechos constitucionales de más rancio abolengo en la historia política de Occidente”.

“Cualquier regulación legal o administrativa que intente normar actividades estrictamente privadas efectuadas dentro de una morada, tales como las usuales celebraciones en casa entre familiares y amigos –aún en un contexto de pandemia, y por razones sanitarias–, resulta muy discutible, y de ser constitucionalmente procedente (cuestión que no trataremos aquí) debiera interpretarse y aplicarse de manera muy restringida”, planteó en su columna el académico.

Junto a un análisis de los artículos del Código Sanitario que según la Seremi facultarían a los fiscalizadores a ingresar a los hogares acompañados de la fuerza pública, y del artículo 318 del Código Penal que establece crímenes o delitos “contra la salud pública”, el profesor Poyanco desarrolló su columna, concluyendo que “al menos en el Código Sanitario, no parece existir fundamento jurídico para una autorización genérica a cientos de inspectores que, recorriendo nuestras calles, intenten ingresar a los hogares contra la voluntad de sus ocupantes —ni siquiera con el auxilio de la fuerza pública—, para efectuar visitas meramente inspectivas o de carácter preventivo, si no median las autorizaciones y requisitos antes mencionados”.

Los invitamos a leer la columna completa en este enlace.

 


Publicado el:

Sábado, 19 Septiembre 2020